El juez puede usar una prueba ilegal obtenida por un particular

La obtención ilícita de pruebas por un particular, que no tenga nada que ver con las fuerzas de orden público ni las recolecte con la intención de presentarlas en un procedimiento judicial, son admisibles por los tribunales, aunque hayan sido obtenidas con ánimo de venderlas a cambio de dinero.

Así, lo establece una sentencia del Tribunal Supremo -de 23 de febrero de 2017-, en la que se pronuncia por primera vez sobre el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables cuando, pese a existir constancia de que fueron sustraídos de forma ilegal por un tercero, han sido determinantes en la apreciación probatoria ante un órgano judicial.

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