Retribución de los Administradores de Sociedades

Según el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, el cargo del administrador será gratuito salvo que en los estatutos se diga lo contrario. Por tanto, en caso contrario habrá que especificar el sistema de remuneración establecido, siempre guardando una proporción razonable con la importancia de la sociedad y la situación económica en cada momento.

Para evitar retribuciones excesivas y posibles abusos de los socios mayoritarios, se exige que la remuneración de los administradores guarde una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

La retribución de los administradores debe figurar en los estatutos sociales, pero sí matizó que dicho principio era aplicable a la retribución de los administradores “en su condición de tales”, concepto que ha venido a cobrar especial trascendencia en los supuestos de existencia de consejeros delegados o con funciones ejecutivas, como ahora referiremos. Antes de ello, debemos destacar que, como una fórmula de control de los administradores y de mayor transparencia e información a los socios en materia de retribuciones, la nueva normativa estableció que la junta general debe aprobar anualmente el importe máximo de la remuneración anual de los administradores.

Para el caso que el administrador desempeñe otras funciones distintas del cargo de administrador, será necesario formalizar un contrato de Alta Dirección, donde se especifique de manera muy concreta las funciones y tareas que desempeña y lo que cobra por ellas.

Desde el punto de vista del impuesto de sociedades, la retribución percibida por el administrador en estas funciones no se entiende como una liberalidad, por lo que se consideraría un gasto fiscalmente deducible, lo que implicaría una menor tributación.

Y desde el punto de vista del impuesto sobre la renta de las personas físicas, esta retribución se entenderá como un rendimiento del trabajo.

Agustín Asensio

Director Área Mercantil BK Consulting

Agustín Asensio