COVID-19: Arrendamientos de viviendas

El gobierno central ha aprobado recientemente una serie de medidas que afectan a los arrendadores de viviendas habituales, y que pueden tener incidencia en la relación contractual. En principio, dichas medidas se centran más en la ayuda al arrendatario de la vivienda habitual que en la modificación de los derechos del arrendador, los cuales quedan vigentes y sin variación salvo que se trate de lo que se ha venido a denominar grandes tenedores.

Se considera, a efectos de estas medidas, GRAN TENEDOR a toda persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros, o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida, referido a viviendas habituales.

Cumpliéndose las condiciones anteriores y, si el arrendatario probase una situación de vulnerabilidad económica como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, podrá solicitar al arrendador el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto-ley (2 de abril). Siempre, eso sí, que dicho aplazamiento o condonación -tanto si es total o parcial- no se haya acordado previamente por ambas partes.

De no haber acuerdo, el inquilino tendrá 7 días laborales para comunicar al propietario que se acoge, bien a una reducción del 50% de la renta, o bien a una moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler. No obstante, la moratoria quedaría suspendida en el caso de que el inquilino accediera a los microcréditos avalados por el ICO.

De no darse ambos conceptos en su relación arrendaticia, gran tenedor + vulnerabilidad económica del inquilino, la relación de arrendamiento se mantendrá en las mismas condiciones, sin perjuicio de las ayudas que pueda percibir el inquilino, en base a su situación individual.

Para cualquier consulta referente a este tema pueden contactar con el área jurídico-mercantil.