BK Consulting gana una sentencia del Tribunal Supremo

El equipo jurídico de BK Consulting, con Raúl Barambones a la cabeza, se lleva una importante sentencia del Tribunal Supremo que a continuación pasamos a detallar:

Auto del Tribunal Supremo de fecha 13-9-2017 declara la firmeza de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 22 de diciembre de 2015 que reconoce el derecho de una trabajadora al abono del importe de la indemnización por despido objetivo reconocida en acto de conciliación administrativa.

El Juzgado de lo Social nº1 de Vitoria-Gasteiz en fecha 18 de mayo de 2015 dictó sentencia desestimatoria de las pretensiones de la trabajadora por entender que el contenido del precepto 33.2 del Vigente Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores era claro, y únicamente extendía la responsabilidad subsidiaria del FOGASA al pago de las indemnizaciones por despido o extinción de contratos reconocidas por sentencia, auto o auto de conciliación judicial o resolución administrativa. Así las cosas, entendía que el auto de ejecución o de declaración de insolvencia no constituía título habilitante por tratarse de resoluciones dictadas en proceso de ejecución , no de sentencia, auto o acto de conciliación judicial.

El Alto Tribunal sin embargo, declara la firmeza de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que establecía que, si bien inicialmente las cantidades reconocidas como impago indemnizatorio por la extinción contractual lo fueron en conciliación administrativa, el Decreto que declaraba la insolvencia de la empresa en el ámbito judicial (pieza de ejecución) constituye título suficiente al objeto de interpelar la responsabilidad subsidiaria del organismo autónomo.

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Vitoria medita cobrar el IAE a otras 840 empresas que facturan entre 1 y 2 millones

Urtaran acepta la propuesta de EH Bildu de recortar las exenciones del impuesto para elevar los ingresos, un cambio que es competencia de las Juntas Generales.

El Ayuntamiento de Vitoria asume ya la posibilidad de girar el recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a nuevas empresas para elevar sus ingresos, un cambio normativo que, de llevarse a cabo, supondría que unas 840 firmas que facturan entre 1 y 2 millones al año se verían ahora obligadas a abonar la cuota.

La concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, aseguró ayer que el PNV «puede compartir» la modificación que exige desde principios de la legislatura EH Bildu, formación con la que el Gabinete Urtaran quiere acordar las ordenanzas fiscales y los presupuestos de 2017. Se da la circunstancia de que el Consistorio no puede modificar la norma foral que regula el tributo, con lo que la pelota está ahora en el tejado de la institución competente: las Junta Generales de Álava. En la Cámara alavesa, el Gobierno foral PNV-PSE suma mayoría con la coalición abertzale.

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