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Las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno en el RD-LEY 11/2020, de 31 de marzo, para afrontar el impacto económico del Covid-19

El consejo de ministros ha aprobado este martes, 31 de marzo, nuevas medidas económicas, entre las que destacan las siguientes:

–       Moratoria en las cuotas de la Seguridad Social de Pymes y autónomo.
–       Expresa prohibición de desahucios.
–       Microcréditos a interés cero para pagar alquileres.
–       Moratoria de créditos al consumo.
–       Ampliación de la moratoria hipotecaria.

En concreto la moratoria en las cuotas de la Seguridad Social de Pymes y autónomos ha sido una de las medidas más reclamadas desde el comienzo de la crisis sanitaria. La medida aprobada consiste en una moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de Pymes y autónomos, si se cumplen una serie de condiciones.

Respecto a las cuotas por los días trabajados de marzo y el pago de deudas se ha decidido aplazar hasta el 30 de junio, sin aplicación de interés alguno.

Todas las gestiones de aplazamiento de pago de deudas y las moratorias en pago de cotizaciones y devolución de ingresos indebidos en la Seguridad social se podrán realizar por medios electrónicos para ello se facilitará a las empresas y autónomos utilizar el sistema de remisión electrónica de datos (RED).

Las empresas tendrán que presentar solicitudes individualizadas por código de cuenta de cotización donde se relacione los trabajadores de alta respecto a los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

Se concede un plazo de diez días naturales anteriores a los plazos reglamentarios de ingreso correspondiente a los periodos de devengo para comunicar solicitudes de moratoria a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En cuanto a las deudas con la Seguridad Social cuyo pago reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, se establece la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de las mismas, siendo de aplicación un interés del 0,5 % (siete veces inferior al habitual).

Respecto a los autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 al menos un 75% respecto del promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la percepción del bono social si cumplen los requisitos establecidos en el art. 28 del RD-ley 11/2020.

Además, para aquellos autónomos que tengan suspendida su actividad, perciban la prestación por cese de actividad y no hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales a los días efectivamente trabajados del mes de marzo, se establece que puedan abonarse fuera del plazo sin recargo alguno.

 

Principales Medidas Tributarias Urgentes en Álava

La excepcional situación en la que nos encontramos, está suponiendo que pese a que nuestra administración central (AEAT), no esté realizando más que una campaña de publicidad sin medidas que conlleven un alivio para las empresas, en este caso, nuestras Diputaciones Forales han cogido “el toro por los cuernos”, adoptando diferentes medidas, entre las que destacamos a continuación las recogidas en el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOTHA 20 Marzo 2020

Destacamos AQUI las principales novedades que seguro supondrán un alivio para el sufrido contribuyente.

El impacto del Coronavirus en los contratos de arrendamiento de local de negocio

La imposibilidad del cumplimiento del contrato como consecuencia del estado de alarma decretado por el COVID-19, puede considerarse una situación extraordinaria de fuerza mayor, puesto que los efectos jurídicos perjudiciales para los derechos y obligaciones establecidos para las partes eran imprevisibles en el momento en que se celebró el contrato.

Respecto a los contratos de alquiler de local de negocio el impacto se materializa en la imposibilidad del inquilino de hacer frente al pago de la renta inicialmente pactada, a consecuencia del desplome en la facturación del negocio como consecuencia directa de las medidas adoptadas en relación al Coronavirus.

El incumplimiento del contrato, en estos casos, al amparo de lo previsto en el art. 1.105 del Código Civil, implica que el arrendatario no deberá responder de los daños y perjuicios que pueda generar esa circunstancia, y que el arrendador no puede instar la acción de desahucio. Una vez se ponga fin a la causa de fuerza mayor, el arrendatario deberá cumplir de nuevo con el contrato.

Ante esta situación, ¿puede el arrendatario exigir una modificación del contrato y ajustar de forma temporal la renta pactada? ¿podría plantearse la suspensión del contrato o su resolución?

La doctrina “rebus sic stantibus”, como cláusula implícita en la contratación, tiene por finalidad restablecer el equilibrio de las prestaciones en el momento de la perfección del contrato alteradas por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles acaecidos con posterioridad. Esta doctrina tiene su origen en el principio de buena fe que debe garantizarse en las

MEDIDAS LABORALES COVID-19

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una pandemia sanitaria a nivel global que está afectando a la actividad productiva.  El Real Decreto 463/20 del 14 de marzo declaró el estado de alarma, y el 17 de marzo se establecieron medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, medidas que van desde la inyección de 300 millones de euros para financiar el Fondo Social Extraordinario, asistencia a domicilio de personas dependientes, protección en el ámbito energético y de suministros de agua y telecomunicaciones, refuerzo de protección de trabajadores autónomos y moratoria de cuotas hipotecarias de colectivos vulnerables por ejemplo.

Con el fin de tratar de garantizar la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales se priorizan los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos particularmente por medio del trabajo a distancia, también se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral familiar y se establecen medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.

Hay que destacar dos grandes puntos que garantizan esta flexibilización y que van encaminados además a favorecer la vuelta a la actividad y al empleo, una vez concluya la emergencia sanitaria por el coronavirus.

-Las empresas afectadas por el coronavirus y que realicen ERTES no tendrán que pagar las cotizaciones sociales de sus empleados.
-Se establece una prestación extraordinaria para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia afectados por la declaración del estado de alarma.

Exoneración de cuotas
El Real Decreto Ley establece, en primer lugar, que las empresas que realicen un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a causa del COVID-19 -cuyos requisitos se flexibilizan- estarán exoneradas de pagar las cuotas a la Seguridad Social, que corresponderían por los trabajadores afectados por dichos expedientes. Se aplicará tanto a las personas trabajadoras con suspensión del contrato como aquellas que vean reducida su jornada por el ERTE.

Esta exoneración no tendrá impacto sobre los trabajadores, pues ese periodo constará como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Además, para facilitar los trámites a las empresas en este momento tan complicado, no será necesario que realicen ninguna solicitud expresa ante la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que ésta directamente no facturará las cotizaciones de los empleados identificados por la empresa a través del Sistema de Liquidación Directa y el SEPE.

Flexibilización del cese por actividad
Para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se establece también una nueva prestación extraordinaria para los casos en que su actividad se haya visto severamente afectada por las medidas tomadas por el COVID-19. Podrán solicitar esta nueva prestación, análoga a la de cese de actividad, aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Esta prestación, que será incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social, tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora, aunque no se haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de actividad. La duración de esta prestación extraordinaria será de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

También podrán solicitar esta prestación aquellos profesionales autónomos con trabajadores y trabajadoras a su cargo. En este caso, podrán tramitar un ERTE para éstos y, al mismo tiempo, una prestación económica para ellos, sin obligación de cotizar mientras dure la situación extraordinaria. El objetivo de estas medidas es que el empleo pueda recuperarse lo antes posible una vez pasada esta situación excepcional.

Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria deberá dirigirse a la Mutua habitual con la que tengan cubiertos las contingencias profesionales o al SEPE en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).